¿DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER EN EL PROCESO DE PAZ?

Laura Gil en el diario El Tiempo de hoy nos llama la atención sobre un aspecto clave del actual proceso de paz: la participación de las mujeres, que el gobierno anunció sería destacado y permanente. No obstante, no hay ningún miembro negociador que sea mujer ni entre los representantes del Estado ni por parte de las FARC.
¿Por qué tiene que haber una representación femenina en este proceso? ¿Acaso la condición de género otorga a la mujer una capacidad especial para la paz?. ¿Acaso las mujeres no han sido parte activa de la guerra?
Creo que el fundamento de la participación en la toma de decisiones del proceso de paz no puede buscarse en lo que se conoce como   "naturaleza femenina",  "intuición femenina" o ideas similares según las cuales las mujeres por el solo hecho de serlo tendrían una tendencia especial hacia la paz. Tampoco debe buscarse su justificación en su condición de víctimas de crímenes de guerra. Creo que el hecho de haber sido sujeto pasivo de un delito no otorga un especial discernimiento para juzgar a los responsables del mismo, antes, por el contrario, puede ser contraproducente. No se le puede pedir a la víctima una actitud objetiva o distante a la hora de atribuir responsabilidades en materia de crímenes que ha padecido en carne propia. 
Ahora bien, cada cual es libre de pensar como le parezca, en esta materia como en todas, pero el Estado y el gobierno no pueden actuar con base en razones subjetivas.
La discriminación de la mujer es un hecho suficientemente comprobado histórica y sociológicamente y Colombia no es una excepción. Y el Derecho de los derechos humanos prohibe la discriminación por razones de sexo. Por ello existen las políticas de reducción de la discriminación de la mujer. 
En el caso concreto del proceso de paz colombiano la ausencia absoluta de la mujer en los niveles de toma de decisiones del mismo es suficiente demostración de su segregación. Por tanto, es preciso exigir que se ponga fin a este hecho evidente. De lo que se trata es de aplicar principios de discriminación positiva para establecer una cuota de representación de las mujeres colombianas en un proceso trascendental para el país. Desde luego, deberá tratarse de personas que acrediten una experiencia, competencia o cualificación disciplinar y/o política especialmente relacionada con el conflicto, la violencia  y procesos de paz. Estas últimas sí son razones objetivas que justifican la presencia en los niveles de decisión de las mujeres colombianas en el proceso de paz. 
Al respecto Dice Laura Gil:
"El Gobierno de Colombia, hoy miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, ignora las resoluciones de ese órgano.
El presidente Santos afirmó: "Las mujeres tendrán un papel destacado y permanente en el proceso de paz". Tan meritorio pronunciamiento choca con la realidad: ni del lado del Estado ni del lado de las Farc se encuentra una sola negociadora titular.
El presidente destacó el rol de Lucía Jaramillo y Elena Ambrosi en las conversaciones exploratorias. Lo cierto es que ellas no parecen haber jugado un rol primordial en los pasados diálogos confidenciales y todo indica que tampoco lo harán en los formales.
El intento del Presidente por calmar la preocupación de las organizaciones de mujeres es entendible. Al fin y al cabo, hablaba ante Michelle Bachelet, secretaria ejecutiva de ONU Mujeres y guardiana de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad.
Las palabras de Bachelet habían sido claras: "Es fundamental retomar las experiencias de otros países del mundo en los que la voz de las mujeres ha sido tenida en cuenta como pieza clave para la construcción de la paz, lo cual no es otra cosa que seguir las recomendaciones de la Resolución 1325 y las demás que la complementan".
La Resolución 1325 del 2000 pide la presencia de la mujer "en niveles de adopción de decisiones para la prevención, la gestión y la solución de conflicto"
Ver más: 
La Paz en pantalones. Laura Gil, Diario El Tiempo

¿PAZ EN COLOMBIA?

Shlomo Ben Ami,  exministro de Asuntos Exteriores de Israel escribe en el diario El País sobre el proceso de paz en Colombia. 

Comparto con el exdiplomático israelí la opinión sobre los importantes pasos en la dirección correcta de la actual diplomacia Colombiana, pues allí se comenzó a ver el cambio inteligente del actual gobierno que ha buscado aliados en Venezuela y Ecuador, en lugar de sumar enemigos como hacía el saliente Uribe Vélez.  

Sin embargo, me parece poco realista que se pretenda abarcar en este proceso la solución de problemas tan profundos y complejos como el narcotráfico o la distribución y explotación de la propiedad agraria, en los que están involucrados fuerzas más poderosas que la guerrilla e incluso de difícil control para el propio gobierno colombiano como son, por ejemplo, los intereses de los Estados Unidos o de la ultraderecha colombiana. 

Las medidas en estas materias, tales como la Ley de Víctimas y devolución de tierras, seguramente serán valiosas en el plano simbólico y de deseos de justicia, que todos podemos compartir, pero en la práctica pueden generar más violencia, como de hecho ya está sucediendo con las víctimas que reclaman la devolución de sus tierras, quienes han empezado a ser asesinadas en oscuras circunstancias. Y ni que decir del narcotráfico, problema cuya solución se sabe que depende en mucho de la legalización del consumo a la que se han opuesto históricamente los EE. UU.
En fin, creo que se puede apoyar el actual proceso de paz sin que ello implique aprobar todo lo que hace el gobierno. Y no se puede hacer depender la firma de la paz de la solución de problemas tan de fondo de la sociedad colombiana. 

A continuación se reproduce el artículo:

"¿Paz en Colombia?

El acuerdo con las FARC es un tributo a la habilidad diplomática y negociadora

 Shlomo Ben Ami 18 SEP 2012 - 00:02 CET

El Acuerdo Marco para poner fin al conflicto armado en Colombia que ha anunciado el presidente Juan Manuel Santos es un hito para su país y toda América Latina. Es también un tributo a la habilidad diplomática y negociadora.

El acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, llega después de muchos años de intentos fallidos por parte de gobiernos colombianos de todas las orientaciones políticas para conseguir un acuerdo satisfactorio con el último movimiento guerrillero —y uno de los más odiosos— que ha actuado en América Latina. Las FARC, monumental aparato de terror, asesinatos en masa y tráfico de drogas, nunca habían accedido a debatir el desarme, la reintegración social y política de sus guerrilleros, los derechos de las víctimas, el fin de la producción de drogas y la participación en las comisiones “de la verdad y la responsabilidad” para examinar los crímenes cometidos durante medio siglo de conflicto, pero ahora sí.

Ese transcendental cambio refleja el estado de las FARC, diezmadas tras muchos años de lucha, la capacidad de resistencia de la sociedad colombiana y —tal vez sea lo más importante— la brillante política regional de Santos. Al debilitarse el llamado Eje Bolivariano (Venezuela, Ecuador y Bolivia), las guerrillas de las FARC quedaron sin apoyo regional.

Los cambios regionales crearon las condiciones para que se iniciara el proceso"

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¿Paz en Colombia?

Mesa sucreña por la paz

Es una muy buena noticia que la sociedad civil se esté involucrando espontáneamente en el proceso de paz. 

La ciudadanía y las ONGs de un departamento como el de Sucre tan duramente afectado por la violencia y tan directamente involucrado con factores claves de la misma, debe tomar y ha tomado la iniciativa en la generación de propuestas. 

Me permito enviar un saludo a los organizadores de estas conversaciones.

• Desde ya propongo que se abran canales de comunicación aprovechando las nuevas tecnologías y que podamos seguir el próximo evento del hotel Boston, en tiempo real, por internet.  

A continuación reproduzco la noticia publicada en El Meridiano de Sucre de hoy. 

Mesa sucreña por la paz

Creado en Lunes, 17 Septiembre 2012 02:20

Fredy Aguilera, directivo de la ONG Ceprod; Franklin Donado, de la Asociación de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios y Liliana Gómez, de la Red Desarrollo y Paz de los Montes de María le explicaron a EL MERIDIANO de Sucre lo concerniente a la Mesa Sucreña por la Paz

Sincelejo. Sucre es un departamento que debe vincularse activamente a los acercamientos que adelanta el Gobierno nacional con las Farc para lograr la paz. Así lo considera Liliana Gómez, especialista en derechos humanos, reconciliación y paz de la fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María.

Activamente, porque ha sido uno de los departamentos, en especial por los Montes de María, más golpeados por el conflicto. Además, porque en estos momentos, según Gómez, tiene varias zonas focalizadas por el Gobierno con el fin de reparar a las víctimas.

Por ello, varias organizaciones de la sociedad civil promueven la Mesa Sucreña por la Paz. Como preámbulo ya está organizado para este viernes en el Hotel Boston el panel "Sucre en los diálogos de paz". Están invitados el exguerrillero Francisco Galán; José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán; Alejandrina Pacheco, que hablará desde la voz de las mujeres y Pedro Santana, director de la Corporación Viva la Ciudadanía.

Gómez explicó que la idea es generar propuestas desde Sucre y que estas nutran el proceso que se desarrolla a nivel nacional. "Como sociedad civil es fundamental generar propuestas. Debemos estar activos y hacer parte de este proceso para que el diálogo sea nutrido y tenga los efectos que esperamos", manifestó.

Los que trabajan

Añadió que el Gobierno está esperando saber cómo cada departamento se va a vincular a este proceso y por ello desde ya en este se hace lo que se debe.

En la Mesa por la Paz trabajan el Centro de Promoción de Desarrollo (Ceprod), Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María, Sembrando Paz, Asociación de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, Movice, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), Mesa Campesina y Ciudadanos por la Paz, entre otros.  

La guerra y la paz

Éste es un buen artículo de A. Caballero que también recomiendo. Estoy de acuerdo en que el narcotráfico es un problema que no se soluciona entre colombianos porque son los Estados Unidos los que tienen el poder de cambiar las cosas dado que son ellos los que declaran ilegales las siembras de coca. Pero, me pregunto, y ¿si los países afectados en Latinoamérica acuerdan legalizar el consumo?.  ¿Puede tomarse esta decisión sin que intervengan en contra los EEUU? 

De otra parte, también me uno a la perspectiva de Caballero 

en el sentido de que esta vez la paz va en serio.

A continuación transcribo el artículo:

Revista Semana

La guerra y la paz

Por Antonio Caballero

OPINIÓNLo del narcotráfico es un problema insoluble por parte de Colombia, con Farc o sin Farc. Porque sus raíces no están aquí, sino en los Estados Unidos.

Sábado 8 Septiembre 2012

Que no va a ser fácil, decía en mi columna de la semana pasada, y que hay muchos colados que quieren salir en la foto de la paz. Así es: ya asoman la cabeza por todas partes; los niños y las niñas, los civiles y los militares, los nacionales y los internacionales. Pero eso, aunque incómodo, es una buena señal: nadie quiere quedarse al margen. No es como cuando en tiempos de la paz de Belisario muchos se irritaban de que se hablara de paz "cuando aquí no había guerra"; ni como cuando los uribistas recalcitrantes negaban en redondo la existencia del conflicto armado. Ahora nadie se atreve a decir públicamente que no quiere la paz. Sugieren apenas que "las condiciones no están dadas...", y que es mejor no volverlo a intentar para que no venga luego una nueva frustración. Pero eso no es un argumento: equivale a declararse satisfecho con la frustración anterior.

Ni siquiera hablan en serio los que insisten en la rendición sin condiciones por parte de la guerrilla. Por eso el propio gobierno guerrerista de Álvaro Uribe negociaba también entre las balas, como lo está haciendo ahora el de Juan Manuel Santos.

Esto va en serio esta vez. No es, como otras, una negociación para engañarse mutuamente, para tumbar al otro, a la colombiana; sino para llegar a un acuerdo favorable para las partes y -desde luego-, para todos los terceros que tengan que intervenir. Esta vez las guerrillas se presentan como lo que son: guerrillas y no un Estado hecho y derecho que viene a hablar de igual a igual. Y esta vez los representantes del Estado legítimo no llegan cargados de desprecio por sus interlocutores, sino con el respeto debido a 50 años de lucha. Y, militarmente hablando, ambos lados conocen la correlación de fuerzas.

Hay dos grandes problemas prácticos: el secuestro y el narcotráfico.

Lo del narcotráfico es un problema insoluble por parte de Colombia, con Farc o sin Farc. Porque sus raíces no están aquí, sino en los Estados Unidos. Como he venido repitiendo desde hace 40 años, el narcotráfico no es un problema porque existan siembras de coca en las laderas de los Andes, sino porque esas siembras son ilegales por decisión de los gobiernos de los Estados Unidos. Y como consecuencia de esa ilegalidad el tráfico de la cocaína constituye el negocio más rentable del mundo. Para quien sea que lo practique: una guerrilla o una mafia criminal. Todas las guerrillas del mundo se financian con tráfico de drogas prohibidas, y todas las bandas criminales también (y todos los bancos). Eso no se resuelve en conversaciones en La Habana entre unas modestas guerrillas colombianas y un modesto gobierno de Colombia; así que pronto llegará el momento en que ese tema salga de la agenda en discusión, pues al respecto no puede llegarse a ningún acuerdo que tenga resultados prácticos.

Lo del secuestro es más delicado. En La Habana los enviados de las Farc reiteraron que su organización ya no practica el secuestro, tal como lo dispuso su comandante Alfonso Cano. Pero siguen sin aparecer centenares, talvez miles, de personas que fueron secuestradas por las Farc. Hace apenas cuatro meses Pablo Catatumbo, miembro del Secretariado, reconoció públicamente que "nuestra guerra, infelizmente hay que decirlo, requiere de finanzas". Alguna prueba distinta de la simple negación tendrán que aportar las Farc para que no solo los representantes del gobierno sino la sociedad colombiana empiecen a creerles.

En fin: para eso son los diálogos. No estamos al final, sino al principio. Apenas acaban de ser nombrados los negociadores. Me comentaba con cierta desesperación en la voz otro viejo columnista de prensa: "¡Pensar que vamos a tener que seguir escribiendo columna tras columna sobre el tema de la paz!". Y quise consolarlo: "¡Y pensar que llevamos toda la vida escribiendo columna tras columna sobre el tema de la guerra!"

No va a ser fácil. Y los meses que vienen estarán sin duda chorreteantes de sangre: lo vimos ya esta semana con los bombardeos del Catatumbo. Pero los periodistas les preguntaron a los voceros de las Farc en La Habana: "Y si matan a Timochenko ¿los diálogos siguen?", y respondieron que sí. Ya venían en marcha los prediálogos cuando mataron a Alfonso Cano, y no se interrumpieron.

Si fracasa la paz, habrá Uribe III

Un muy buen artículo que me permito recomendar a todos.

Revista Semana, 6 de Septiembre de 2012, Por Jorge Gómez Pinilla*

La historia reciente muestra que la ultraderecha difícilmente se resistirá a la tentación de aplicar el ‘todo vale’ para impedir que el proceso de paz llegue a buen puerto.
Jueves 6 Septiembre 2012

Desde el día en que las Farc asesinaron a su padre, Álvaro Uribe Vélez emprendió en acto de venganza personal una cruzada orientada a lograr su exterminio, recurriendo para ello a la combinación de todas las formas de lucha. De ello dan prueba no sólo la conformación de las Convivir cuando fue gobernador de Antioquia, sino su alianza con personas y sectores afines al paramilitarismo en el curso de su carrera política, como en la práctica se ha venido demostrando.


Lo que quizá ni el mismo Uribe esperaba, era que el fracaso de las negociaciones de paz durante el gobierno de Andrés Pastrana le serviría como catapulta para llegar a la Presidencia de la República. Cuando lanzó su candidatura las encuestas le daban un 3 por ciento de preferencia electoral, pero fueron precisamente las Farc las que con su intransigencia criminal le fueron abriendo las compuertas del poder, a tal punto que en la elección de 2002 triunfó en la primera vuelta, y le repitió la misma dosis a su contrincante Horacio Serpa para el segundo periodo (2006). Y no sobra recordar que fueron también las Farc las que en 1998 pusieron en la presidencia a Pastrana, pues Tirofijo prefirió darle el ‘aval’ a éste -mediante la foto que se tomaron en La Uribe caminando como dos alegres compadres- antes que a Serpa.

Los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe dejan un saldo agridulce, donde lo positivo habla del regreso de la inversión privada, el acorralamiento de las FARC y la baja de varios miembros de su cúpula, mientras lo negativo muestra el enseñoramiento de la corrupción administrativa (AIS, DNE, Incoder, INCO), la conformación de empresas criminales (Yidispolítica, chuzadas del DAS, falsos positivos), la alianza con el paramilitarismo y la delincuencia para el cumplimiento de sus propósitos (Jorge Noguera, Rito Alejo del Río, Salvador Arana, alias Job, Mauricio Santoyo, etc.) y, consecuencia de lo anterior, el fortalecimiento político de la ultraderecha.

Hoy el país respira aliviado con el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de nuevos diálogos de paz con la guerrilla, pero no está de más advertir que el peligro de la agudización del conflicto sigue en pie, considerando sobre todo que la negociación se hará en medio del fuego cruzado (o sea que no habrá cese de hostilidades) y esto se puede prestar para que los enemigos de la reconciliación encuentren en dicha circunstancia el terreno abonado para armar una hecatombe a la medida de sus necesidades.

El caso más cercano alude al atentado con bomba lapa contra el exministro Fernando Londoño, justo el día en que el Congreso debía aprobar el Marco para la paz. Si bien es cierto que el fiscal Eduardo Montealegre insiste en la hipótesis de una alianza siniestra entre las Farc y un grupo dedicado al sicariato, la revista Semana (edición 1583) se manifiesta escéptica al considerar que “poca presentación tiene que el mismo día que el presidente presionaba al congreso para que aprobara el Marco Jurídico para la Paz, el grupo terrorista para el que se aprobaba esa norma intentara un magnicidio”. Y ya vimos cómo Semana está mejor ‘dateada’ que la Fiscalía, pues ya le ganó el pulso en defensa de la inocencia de Sigifredo López, mientras el ente acusador prolongaba su detención con base en los testimonios de cuatro testigos falsos aportados por una mano negra afín a la ultraderecha.

Hablando precisamente de ultraderecha, la historia reciente muestra que ésta difícilmente se resistirá a la tentación de aplicar el ‘todo vale’ para impedir que el proceso de paz que acaba de arrancar llegue a buen puerto. Así las cosas, ¿qué pasaría si por ejemplo se presenta un atentado contra el presidente Santos cuya autoría inicial apuntara a las Farc? Se trata si se quiere de un caso extremo, pero que se ubica en el marco de las posibilidades reales, tanto en lo referente a provocar la ruptura de las negociaciones como a tratar de sacar del camino a la persona que se le atravesó al comandante en jefe de la godarria.

Lo que está en juego en últimas es la prevalencia del modelo político retardatario encarnado en los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe, versus los vientos renovadores que con talante liberal viene impulsando Juan Manuel Santos. En este contexto, es un hecho irrefutable que un fracaso de este nuevo proceso significaría poner de nuevo en la presidencia a Uribe –sólo que en cuerpo ajeno- mientras que la consolidación de la paz sería la más grande victoria que nuestra golpeada democracia podría alcanzar en lo que resta del presente siglo, muy por encima de los resonantes triunfos obtenidos por nuestros deportistas en los pasados Juegos Olímpicos de Londres.

De remate: ¿La inclusión del general (r) Jorge Enrique Mora debe entenderse como la cuota uribista en la baraja de negociadores? Y, ¿no estará revolcándose Jaime Garzón en su tumba?

*Twitter: @Jorgomezpinilla

Wasington Post: Colombia apuesta por la paz

Según el Washington Post, los Estados Unidos han tenido mucho que ver con el hecho de que las FARC estén debilitadas y de que ahora se contemple la paz en Colombia, por el apoyo -de cerca de US 8.000 millones- prestado a los anteriores gobiernos en su lucha contra la guerrilla. Pero, afirma el W.P. que si la paz no se logra los Estados Unidos tendrán que apoyar a Colombia en una guerra total. 
Pues bien, no compartimos la visión del prestigioso diario. Los colombianos no tenemos que resignarnos a aceptar una hipotética guerra total pues la paz dialogada siempre será una alternativa y la mejor.
Veamos algunas cuestiones que se deducen de este artículo: la primera, más evidente, es el enorme interés que ha tenido y tiene EEUU en la guerra colombiana, el grado de su atención es directamente proporcional al dinero invertido. Dentro de esta se destaca una cuestión ideológica de rechazo a todo tipo de pensamiento de orientación comunista o  de izquierdas. Lo que es bastante conocido.
Pero actualmente es mucho más importante el interés por la riqueza energética, que es la razón de la actual bonanza económica de Colombia. De manera que los colombianos deberíamos ocuparnos, a través de los canales democráticos, muy seriamente de la política en materia de recursos energéticos pues las grandes sumas que en materia de regalías está ingresando la economía colombiana deben servir, sin más dilaciones, para hacer una redistribución de la riqueza que contribuya a hacer realidad el Estado social (financiación pública de la salud, de la seguridad social, de la educación, etc.) que desde 1991 ha declarado ser este país según la Constitución de 1991.

A continuación se traduce el editorial del W.P.:

Publicado el 9 de Septiembre de 2012

"Tres veces en los últimos 30 años los gobiernos colombianos han tratado infructuosamente de negociar la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Gobierno (FARC), un grupo guerrillero marxista que otrora abrazó el secuestro, el narcotráfico y el terrorismo. El episodio más triste comenzó en 1999, cuando el gobierno declaró un alto el fuego y cedió a las FARC una zona segura del tamaño de Suiza, sólo para ver como el grupo utilizó el espacio para reagruparse, reclutar y cultivar coca mientras se niega a negociar en serio.

Esa historia hace que muchos colombianos sean cautos cuando su actual gobierno, bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, ha anunciado planes para nuevas negociaciones con los que espera lograr la desmovilización de las FARC. 

Esta vez, sin embargo, hay más motivos para el optimismo - gracias en parte importante del éxito de Estados Unidos y Colombia colaboración en la última década.

En los últimos años, desde que las conversaciones de paz pasadas resultaron ​​fallidas, los Estados Unidos ha proporcionado alrededor de US $ 8 mil millones para Colombia, ayudando a duplicar el tamaño de su ejército, unidades de tren de elite, adquirir helicópteros y equipos avanzados otro, y a realizar la guerra a las FARC. El movimiento ha sufrido golpes  fulminantes, incluyendo la muerte de su fundador, el asesinato de su máximo líder y otros altos mandos, y la liberación de los rehenes de alto perfil, incluyendo tres estadounidenses. Pensada para comandar 20.000 combatientes a principios de siglo, las FARC tiene ahora menos de la mitad de esa cantidad.

Como ministro de Defensa del ex presidente Álvaro Uribe, el Sr. Santos jugó un papel fundamental en esa campaña. Ahora, rompiendo con el Sr. Uribe, está apostando a que con valentía lo que queda de las FARC sigan el ejemplo de otros movimientos armados latinoamericanos que se han transformado en partidos políticos democráticos. Tiene razón al intentar una desmovilización que en gran medida podría reducir la violencia en las zonas rurales y abrir el camino para el desarrollo, incluyendo las reservas de energía de Colombia.

Hay, sin embargo, algunos obstáculos grandes. Aunque la agenda de las negociaciones se limita a medidas tales como la reforma agraria y la garantía de la participación política, las FARC, apoyadas por Cuba y Venezuela, aún puede aspirar a socavar el sistema democrático liberal político que el señor Santos representa. Algunos de sus dirigentes están implicados en crímenes de guerra o el tráfico internacional de drogas y deben ser considerados responsable. Líderes de las FARC han dicho que cuando comienzan las conversaciones en Oslo el 8 de octubre, buscarán un alto el fuego, lo que podría permitir su estrategia dilatoria anterior.

Sr. Santos, sin embargo, es claramente consciente de esos peligros. Él ha dicho que las operaciones militares continúan y que el término de las negociaciones se limitará a unos pocos meses: "Si no hay avances, simplemente no va a continuar", dijo al país. 

Quizás las Farc aprovechen la oportunidad que tienen de renunciar a la violencia y la criminalidad. De lo contrario, los Estados Unidos deberían dar apoyo militar a Colombia en una nueva guerra contra total contra esta amenaza."

¿Qué quieren las FARC? ¿Tienen claridad sobre sus objetivos?

El pasado viernes 7 de septiembre los voceros de las FARC  comentaron algunos de los puntos que van a poner en la mesa de negociaciones en Oslo, que coinciden aparentemente con la agenda que ya han firmado con el gobierno. Sin embargo, se destacan dos, uno por el orden en que se quiere proponer y otro por su novedad: cese al fuego bilateral y "mesa soberana".

En cuanto a la "mesa soberana" de la que hablan las FARC, ¿quiere decir que la guerrilla no va a aceptar que se le aplique el Marco Jurídico para la Paz, la Constitución de 1991 y demás Derecho actualmente vigente en Colombia? ¿ Piensan acaso en dictarse a sí mismos el Derecho aplicable?. ¿Tampoco van a aceptar la aplicación del Derecho Penal internacional ? Esto no tendría ningún sentido. Plantear una cuestión de tal envergadura sería poner en cuestión al propio Estado colombiano, con el que la guerrilla ya ha acordado negociar. El gobierno legítimo de Colombia para llegar a ese acuerdo ha sido facultado justamente por el Derecho vigente. Tampoco el gobierno, si quisiera, podría plantear una negociación por fuera del marco jurídico establecido. Pues se trata de una autoridad delegada que actúa con un mandato expreso que le ha otorgado la Constitución. 

El diálogo de paz actual no versa sobre una refundación del Estado colombiano porque esto ya está hecho. En 1991 con la Constitución de ese año, se establecieron los instrumentos jurídicos fundamentales para que Colombia sea un Estado social y democrático de Derecho. Ahora lo que se requiere es profundizar en el desarrollo y aplicación de este ordenamiento jurídico. Colombia no necesita de otro proceso constituyente. Hay que ser serios. Si las FARC están pensando en esto significa que han interpretado mal su momento histórico. El beneficio social que ellos están en capacidad de lograr para Colombia es el abandono de las armas para posteriormente vincularse a la actividad política -los que no hayan cometido delitos de sangre- con el fin de hacer una realidad ese Estado social y democrático de Derecho que ya ha declarado ser este país
El actual proceso de paz sólo puede tener como objetivo el abandono de su lucha armada  y de sus actividades ilícitas, por un lado, y  las condiciones jurídicas y políticas de su reinserción a la sociedad, por el otro. Ello no significa considerarlas totalmente derrotadas porque justamente el Estado, representado por su gobierno, les está ofreciendo una serie de beneficios jurídicos y políticos para favorecer dicha reinserción. Es aquí donde entrará en juego la "justicia transicional", pero, la misma no conlleva ni puede conllevar la total impunidad. 

De otra parte, las FARC dicen que van a poner en primer lugar el acuerdo del cese al fuego.  ¿La propuesta de cese al fuego por parte de las FARC significa que quieren fortalecerse mientras duran las negociaciones? Si ello es así, significaría que el grupo guerrillero no llega con una intención seria de dejar las armas. ¿Para qué fortalecerse si están iniciando un proceso que va a conducir al abandono de las mismas?. De forma que, en el plano meramente lógico, no admitir el cese al fuego por esta razón invalidaría todo el proceso. 
En mi opinión, la solicitud de cese al fuego bilateral es perfectamente explicable. Como dice, refiriéndose a Uribe, Eduardo Posada, "la paz antes de la paz". Creo que el cese al fuego no implica abandonar la seguridad del Estado que deberá continuar con amplias labores de vigilancia y seguridad, las fuerzas armadas y de policía no tienen que suspender ninguna de sus funciones de prevenir el delito y de detener a los criminales, incluidos por supuesto a los miembros de las FARC y ponerlos a disposición judicial. Pues el alto al fuego es el cese de actuaciones de guerra, es decir, de los ataques por uno y otro bando.  La fuerza del Estado colombiano debe demostrarse en el respeto al Estado de Derecho y al Derecho Internacional humanitario.


En fin, esperemos que las FARC, sus negociadores, no estén buscando lo que ya perdieron hace mucho tiempo, cuando decidieron deslegitimar su lucha mediante la comisión de crímenes contra la población inocente.

Melba Luz Calle 

A propósito de estos comentarios,  transcribo el artículo publicado hoy en El Tiempo, con el título La Paz caliente.
El Tiempo, 10 septiembre de 2012
LA PAZ CALIENTE. Por  Hector Pineda.
Después del relativo optimismo y la tranquilidad con que se había recibido el anuncio del Gobierno Nacional sobre la paz, del respaldo con el que se recibieron los nombres de los negociadores y el contenido de la agenda concertada, los primeros asuntos 'calientes' que afrontará el proceso de diálogo por la paz con la legendaria guerrilla, desde La Habana (Cuba), corrió por cuenta de los quíntuples de las Farc que fungieron de voceros en la rueda de prensa trasmitida en vivo y en directo por canales nacionales e internacionales.
Aunque no se corresponde con el orden cronológico con el que se hicieron los elementos de lo que he llamado "la paz caliente" (queriendo significar la complejidad y casi imposibilidad de que el Gobierno pueda acceder a ellos), los voceros 'farianos' nos notificaron de por lo menos cuatro puntos en tono de inamovibles: 1) mesa soberana; 2) presencia de Simón Trinidad (extraditado y preso en Estados Unidos) en la mesa de conversaciones; 3) negación de tener en su poder a personas secuestradas, y 4) iniciar las conversaciones con la exigencia de un cese del fuego bilateral.

Ver más:

La Paz Caliente

Colombia: Chéjov versus Shakespeare

Santiago Gamboa escribe hoy un artículo con este título en El País.  En mi opinión hace una buena crítica del expresidente Uribe.  Sin embargo, la actitud de Uribe no debe valorarse en términos de perdón o reconciliación; según Gamboa del expresidente no se puede esperar actos en esta orientación porque él no es Jesucristo ni monje budista (ello es evidente, por otra parte, no podría estar Uribe situado más lejos de las posiciones propias de este tipo de personajes).
En realidad, a la opinión pública colombiana le es indiferente si Uribe tiene o no sentimientos o intenciones de perdón o reconciliación pues ello sigue estando en la esfera de su intimidad que a nadie interesa.
Ahora bien, la ciudadanía colombiana si puede exigirle, no ya pedirle, sino exigir al expresidente una actitud coherente con su calidad de figura pública o dirigente político y respetar el proceso de paz que conduce el actual gobierno sin pertubar el mismo con la expresión pública de sus particulares sentimientos respecto de  la guerrilla y que no hacen parte de una política de Estado.
Los colombianos, en ejercicio de nuestro Derecho constitucional a la Paz, si podemos demandar a Alvaro Uribe que cese de poner obstáculos a la búsqueda de la paz que ahora conduce el actual, único y legítimo gobierno de Colombia dirigido por Juan Manuel Santos.

A continuación transcribo el texto de Gamboa:

"Hace algunos años, siendo representante de mi país ante la Unesco, le escuché decir al delegado de Palestina lo siguiente: “Es más fácil hacer la guerra que la paz, porque al hacer la guerra uno ejerce la violencia contra el enemigo, mientras que al construir la paz uno debe ejercerla contra sí mismo.
En efecto, es violento darse la mano y dialogar con quien ha martirizado y herido de muerte a los nuestros, es violento hacerle concesiones a ese otro y reconocerlo como igual. Es muy violento, pero debe hacerse. Lo hicieron los bosnios y los serbios, lo han hecho en diferentes momentos palestinos e israelíes; el ser humano, en el fondo lleva siglos haciéndolo. No hay una pedagogía específica. Se debe hacer y en Colombia debemos arriesgar y hacerlo de nuevo, así otras veces haya salido mal y hoy no todos estén dispuestos."
Ver más:
El País, Colombia: Chéjov versos Shakespeare

DIARIO DE NOTICIAS, TRIBUNA ABIERTA

Construir una cultura de paz en Colombia

POR MELBA LUZ CALLE MEZA, PROFESORA DE TEORÍA DEL DERECHO - Martes, 4 de Septiembre de 2012 - Actualizado a las 05:06h   

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BELISARIO Betancourt firmó con Tirofijo en 1984 el primer alto el fuego y Andrés Pastrana en 1998 desmilitarizó el Caguán como zona despejada para dialogar con las FARC. Estos son los dos precedentes directos de la confirmación del actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sobre el inicio de un proceso de diálogo para poner fin al conflicto armado interno.

Es un lugar común recordar aquellos antecedentes como experiencias fracasadas (Diálogo con la guerrilla en Colombia, El País, 29/08/2012), y además la noticia llega en medio de una situación especialmente crítica debido, por un lado, a la exacerbación reciente de los ataques criminales de la guerrilla contra la población civil, las fuerzas militares y la Policía, y por el otro, al recrudecimiento de la violencia en el Cauca, donde las comunidades indígenas han decidido oponer resistencia pacífica mediante el rechazo a la presencia tanto del Ejército como de la guerrilla, pero que continúan siendo objeto permanente de graves atentados.

En este contexto es entendible el escepticismo de algunos sectores frente una consecución negociada de la paz. Por esa razón se plantea el siguiente interrogante: ¿qué se puede hacer para que este nuevo intento no termine en otra frustración?

El presidente ya ha adelantado algunos principios en esta dirección: no repetir los errores del pasado, que el proceso lleve al fin del conflicto y el mantenimiento de la presencia militar en todo el territorio. Sin embargo, se pueden plantear otras ideas con el ánimo de contribuir a la comprensión de la guerra colombiana.

En primer lugar, el hecho de que estas negociaciones desemboquen o no en un fracaso dependerá, lógicamente, del nivel de expectativas que nos construyamos al respecto.

Habrá que tener presente que un proceso de esta envergadura puede -y quizá deba- tomarnos varios años, y que la actitud favorable al diálogo tendría que mantenerse con independencia de los periodos e incluso de los cambios de gobierno. De esta forma no esperaremos que se solucione -a cualquier precio- en unos pocos meses un problema que dura más de medio siglo.

Además hay que hacer algunas distinciones. De una parte, un factor clave pero parcial del problema son las FARC y las negociaciones concretas con los grupos armados. Para llegar a acuerdos en este terreno se debe partir de unas condiciones mínimas. Primero que haya un cese del fuego y, posteriormente, el fin de la actividad armada y delictiva por parte de la guerrilla así como la liberación de todos los secuestrados. Lo que no significa considerar derrotadas a las FARC, pero una voluntad real de paz por parte de un grupo armado implica obviamente el abandono de la lucha armada y del delito. Al respecto también habrá que tener presente que esta concreta materia se verá muy entorpecida por el papel que desempeñe el narcotráfico, que, como se sabe, financia desde hace varios años las actividades de las FARC.

Asimismo, los arreglos a que se lleguen deberán atenerse a los estándares internacionales en materia de justicia penal y la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, lo que excluye, de partida, la amnistía y la impunidad. Aunque tendría cabida aplicar el delito político para quienes no hayan cometido crímenes de sangre.

Hasta aquí ya se puede ir apreciando la enorme dificultad para lograr avances. Ahora bien, de otra parte, está la necesidad de construir una cultura de paz, porque la guerra colombiana, como cualquier otra, es un producto cultural. Es decir, el uso abusivo de la fuerza y la práctica de la violencia en Colombia hacen parte de una tradición socialmente aprendida y ha estado estrechamente relacionada con las características perniciosas de la historia sociopolítica de este país: el bipartidismo excluyente, la eliminación violenta de las opciones disidentes, los estrechos espacios para la expresión política pacífica, la persistencia indebida del fuero militar, la concepción castrense del orden público, la desigualdad social extrema y nunca reparada, el egoísmo y cerrazón de las clases dirigentes, la irresponsabilidad en el seno de los poderes públicos y en la propia sociedad, la inmunidad de los gobernantes y de sus acciones ilícitas. La modificación de estos rasgos peculiares de la propia historia requieren de un lento proceso de endoculturación que implica la interiorización de nuevos modelos y pautas de comportamiento en los que se debe implicar toda la sociedad. No obstante, son los dirigentes políticos los que más responsabilidad tienen y quienes están llamados, en primer lugar, a promover un orden democrático y pacífico, que, por lo demás, exige políticas públicas muy concretas tales como el desarrollo tecnológico del campo y de las actividades agropecuarias asociado a una política de reducción de la escandalosa concentración de la propiedad de la tierra; así como la prevención de la incorporación de nuevos sectores de población al conflicto armado mediante el fomento de la educación pública y del empleo, por mencionar solo estos fundamentales asuntos.

En resumen, el presidente Santos ha rectificado en la dirección correcta. Firmó una Ley de Tierras y una Ley de Víctimas, supo reconciliarse con sus vecinos Hugo Chávez y Rafael Correa, ha invitado a todos los movimientos políticos a trabajar juntos por la paz; así intenta superar a su más inmediato predecesor y peor opositor, el expresidente, Uribe y a su fracaso en la búsqueda -sin importar los medios- de la victoria armada. Una política, la de Uribe, en la que Santos, antiguo ministro de Defensa, participó con desmedida dureza, como en la operación de bombardeo al campamento de las FARC en Ecuador (marzo de 2008) en la que fueron eliminados, al parecer mientras dormían, Raúl Reyes, su portavoz internacional, y veinte guerrilleros más, y que provocó un conflicto diplomático muy serio con Ecuador y Venezuela.

Con todo, el panorama de hoy es muy diferente y las medidas del pragmático presidente colombiano se inscriben en la realización de ese ambicioso pero no inalcanzable proyecto de construir una cultura de paz en Colombia.