Por: Benjamín Calle Carrascal
El último reconocimiento que se le ha hecho a
Gabriel García Márquez, con motivo de su fallecimiento, ha sobrepasado todos
los límites de la admiración que se pueda sentir por un ser humano. La genialidad
e inconmensurable talento de Gabo le ha permitido dejar a la posteridad una
obra producto de su extraordinaria capacidad creativa: hizo de la realidad
brutal y trágica del pueblo colombiano una ficción de magnitud universal. Pero
la fantasía garciamarquiana expresa una profunda crítica social y política que no suele ser destacada o comprendida en su
exacta dimensión: Macondo es la personificación de una nación con una inicua trayectoria signada por la miseria, la
desigualdad, el hambre y las guerras permanentes.
Esta perspectiva de la obra de Garcia Márquez es
destacada en la tesis doctoral “Constitución y Guerra: una revisión del sistema
de derechos fundamentales de Colombia durante el siglo XX” de Melba Luz Calle
Meza, investigación que obtuvo la máxima calificación de suma cum laude por unanimindad en la Universidad de Zaragoza-España
y acaba se ser publicada como libro por la Editorial Ibáñez de Bogotá. En este trabajo se destaca cómo García Márquez
se adelantó a los estudios científicos sobre la violencia y cómo su obra
literaria tiene una gran trascendencia incluso en el plano de nuestra historia
constitucional, así: “entre los procesos
constituyentes que culminaron con la promulgación de las Constituciones
Colombianas de 1886 y 1991 han transcurrido los mismos cien años que la novela
grande transformó en universales”, puesto que la época narrada en el más célebre
libro del escritor costeño queda comprendida dentro de la vigencia de la Constitución
de 1886 e ilustra, mejor que ninguna otra obra especializada, el carácter
absurdo y perverso de los episiodios de guerra interna en Colombia.
La profesora Calle Meza hace, en Constitución y guerra, un completo
análisis del proceso histórico, político y constitucional vivido en este país desde
la Constitución de 1886 hasta la entrada en vigencia de la Constitución de 1991.
Y demuestra cómo dentro de los factores que intervinieron en el surgimiento y continuidad
de la violencia en el siglo pasado se destacaron elementos de la propia cultura
jurídica y, particularmente, de nuestra auténtica cultura constitucional,
caracterizada por concepciones y prácticas premodernas, tales como el bipartidismo
excluyente y belicista, el presidencialismo exacerbado, el abuso del estado de
excepción o la confusión de poderes entre el Estado y la Iglesia católica,
entre otros.
Ahora bien, muchos de estos rasgos culturales subsisten
en la actualidad y amenazan la paz que ahora pareciera estar tan cerca. Se
trata de concepciones y prácticas jurídicas anteriores al sistema jurídico que
se instauró con la Constitución normativa de 1991. Y que ponen en evidencia la
renuencia, en un sector importante de la sociedad colombiana, a que se haga una
realidad el Estado social de derecho y el respeto a los derechos fundamentales
consagrado en la Constitución vigente.
Ciertamente, lo que está ocurriendo en la Colombia
del siglo XXI ya lo había denunciado García Márquez en el siglo XX: es la
fuerza de una corriente – hoy bajo el extravagante liderazgo del Procurador
General de la Nación- que se opone a toda costa, y sin importar los medios, a
la modernización del Estado y del derecho colombianos.
Una clara muestra de ello es el episodio patético
de la destitución del Alcalde Gustavo Petro, las trescientas tutelas
interpuestas contra la misma, los fallos de jueces, tribunales y Altas Cortes e
incluso de una Corte internacional, el posterior reintegro por el presidente y
su anuncio inmediato de que impugnará la resolución que ordenó la restitución
con el fin de que el funcionario sea destituido nuevamente y de que continúe
posponiéndose así la solución de este bochornoso incidente, etcetera, etcetera,
etcetera.
La similitud del caso Petro con lo ocurrido con el macondiano
deceso de la Mamá Grande es pasmosa. También en Macondo se produjo aquella interminable
discusión política y jurídica que implicó a los máximos juristas y académicos
del país "sabios doctores de ley, probados alquimistas del derecho"
quienes "ahondaron en herméneutica y silogismos en busca de la fórmula que
permitiera al Presidente de la República asistir a los funerales". Pero, cuando
ya habían pasado dos meses sin que se hubiese adoptado una decisión, se informó
que el cadáver de la Mamá Grande estaba punto de reventar por hallarse expuesto
a 40 grados a la sombra. Fue entonces cuando se declaró turbado el orden
público para revestir al presidente de facultades extraordinarias para que
pudiera concurrir legalmente al entierro.
En Bogotá se han vencido todos los plazos para que
el caso Petro sea resuelto con algo de seriedad jurídica y política, aquí
también el asunto huele mal y amenaza con estallarnos a todos en la cara y
poner, una vez más, en evidencia el carácter grotesco de nuestro irritante formalismo
jurídico.
Pero, como lo sugirió el más grande escritor de
toda nuestra historia, lo que con este ejemplo se muestra es que lo real y esperpéntico
se entremezclan vigorosamente en Colombia y que la actual arremetida contra el proceso de modernización
del Derecho colombiano, iniciado en 1991, semejante a la férrea oposición a las
reformas sociales de los años treinta del siglo XX, podría tener la fuerza
suficiente para perpetuar la tragedia de un pueblo que merece una mejor suerte.
Sincelejo Abril 28 de 2014.
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